La justicia es la última esperanza para reconocer las ayudas del servicio público

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Los poderes públicos ahorran cuando retrasan el pago de las prestaciones hasta que el dependiente muere sin cobrarlas. Lo mismo sucede cuando se rebaja el grado de dependencia de los usuarios (y así se abona una prestación menor). O al negarse a pagar a los herederos. La justicia es la última esperanza para reconocer las ayudas que la Administración niega.

Jaime Prats. Foto: Samuel Sánchez *

la-justicia-es-la-ultima-esperanza-para-reconocer-las-ayudas-del-servicio-publicoEspaña – El desamparo y la desesperación que sufren miles de personas que tienen derecho a una ayuda pública por ser dependientes acaba en muchos casos en las salas de justicia. Cuando la Administración demora los procesos, tarda en conceder las ayudas (hay 184.319 personas con derecho a recibir prestación pendientes de recibirla) o las niega a los herederos, la última esperanza es acudir a los tribunales.

“Funcionamiento anormal de la Administración”. “Abandono [de la persona dependiente] a su suerte durante todo el tiempo de tramitación del procedimiento”. “Enriquecimiento injusto” por “la resolución tardía de los expedientes”. Estas valoraciones son extractos de fallos en los que los jueces castigan a los servicios sociales autonómicos por su cicatera aplicación del sistema de dependencia. Se pueden leer frases como estas en resoluciones emitidas, entre otros, por tribunales de la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía o Galicia.

La crisis y los recortes han reducido las prestaciones de la ley y han atascado la concesión de ayudas hasta el punto de que los jueces se están convirtiendo en el último recurso de cientos de usuarios, que acuden a los tribunales para ver reconocidos los derechos que les concede la norma y les niegan sus gobiernos regionales.

Los últimos datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, hablan por sí solos del retroceso que está sufriendo el sistema. A finales de abril había menos personas amparadas por la ley (disfrutando de una plaza de residencia de mayores, ayuda a domicilio, prestación por cuidado en casa…) que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, en diciembre de 2011 (734.187 usuarios ahora por 738.587 entonces).

Buena parte de ello se debe al atasco que existe en la concesión de ayudas, no solo por los farragosos trámites administrativos de la resolución de los expedientes, sino porque hay autonomías que, amparadas en las estrecheces presupuestarias, congelan la concesión de ayudas económicas o las dan con cuentagotas. De esta forma, las bajas de usuarios que fallecen —la mayoría de los beneficiarios son de edad avanzada— no se compensan con altas, y se reduce el número de beneficiarios.

Ello tiene dramáticas consecuencias. Hay miles de personas que se quedan bloqueadas a mitad de camino en la resolución de su expediente, ya que superan las primeras etapas del procedimiento de concesión de ayudas y se les reconoce como personas merecedoras de recibir las prestaciones pero fallecen antes de que la Administración concluya el procedimiento y, por ello, de que comience a abonar las ayudas que les corresponden.

La mayoría de los recursos, presentados por el propio dependiente o por sus herederos, tienen que ver con los retrasos en los trámites que, en teoría, deberían resolverse en un máximo de seis meses. “La ley se está judicializando”, apunta José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. “Sin duda, donde más denuncias se presentan es la Comunidad Valenciana, pero también se están moviendo en otras, como por ejemplo Castilla-La Mancha”, añade.

El hecho de que los tribunales de justicia más activos sean los valencianos no es ninguna casualidad. Esta autonomía se encuentra a la cola de toda España en cuanto al grado de implantación y desarrollo del sistema de dependencia, como la asociación de gerentes de servicios sociales pone de manifiesto una y otra vez en sus evaluaciones anuales.

Buena parte de las quejas en esta autonomía las canaliza la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia. “Resulta muy evidente que la Administración no está cumpliendo la ley y que conculcar la norma le resulta ventajoso”, comenta Sandra Casas, la abogada de esta entidad. En dos años, Casas ha presentado unas 130 denuncias. Medio centenar ya tienen sentencia. Y, comenta, son abrumadoramente favorables hacia los reclamantes.

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